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Procurador Pontevedra

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El objetivo de los procuradores que colaboran con Procurador Amigo es siempre facilitar la actuación del abogado director del proceso ante los Juzgados y Tribunales de Pontevedra o los partidos judiciales de la provincia.

Procurador Amigo ofrecemos:

• Postulación Procesal: ofrecemos un servicio de representación técnica procesal ante todos los órganos judiciales.
• Tramitación Gestión y Consulta: De procedimientos y expedientes, tramitándose ante Juzgados y Tribunales.
• Cumplimentación y Diligenciado: De exhortos, oficios, requerimientos y mandamientos.
• Control de plazos, citaciones, vistas, vencimientos, subastas, posesiones y embargos, prórrogas…
• Consultas en registros Públicos: Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro Civil, Tráfico, etc.
• Información Precisa: Sobre expedientes, notificación de vencimientos, recordatorio de señalamientos, etc.

Procurador Amigo ofrece un servicio de tramitación procesal que intenta acompañar al abogado que dirige la demanda en todo momento facilitándole su labor de decisión de la linea jurídica del proceso y evitándole pérdidas de tiempo en actos meramente procesales.

Procurador Amigo reúne un equipo de Procuradores en toda la Comunidad Autónoma de Galicia con amplia experiencia en la tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales tanto en materia civil, mercantil, administrativa como en penal y social. El grupo de procuradores de Procurador Amigo actúa ante los Juzgados de Pontevedra y ante la Audiencia Provincial. Nuestra red de procuradores abarca la actuación en A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Santiago de Compostela.

Procuradores Pontevedra

Procurador Amigo tiene por objetivo prioritario ofrecer ayuda a todos aquellos abogados que quieren centrarse en el desarrollo de su misión en el procedimiento y valoran la dedicación de los Procuradores Pontevedra que le facilitan su trabajo, evitándole pérdidas de tiempo en actos de trámite. Además, para todos aquellos abogados de otras zonas de España que tramitan procesos ante los juzgados de Pontevedra, les orientamos sobre las prácticas de cada Juzgado y les servimos de soporte para simplificar actuación.

Procurador Amigo rige sus honorarios por el baremo aplicable a todos los procuradores.

Puede contar con nuestro equipo de procuradores llamando a nuestros números de teléfono 96-381-56-71 o 902-11-00-88 o si lo prefiere utilice nuestro formulario de contacto.

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Nuestro equipo de procuradores actúa en toda la provincia de Pontevedra, ofreciéndole siempre un profesional próximo al partido judicial en el que se desarrollarán las actuaciones.

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Debemos comenzar señalando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de fecha 14 de junio de 2012, recaída en el asunto C-619/10, caso Banesto-Joaquín Calderón , establece una jurisprudencia clara y vinculante para el Juez Nacional, según la cual “el papel que el Derecho de la Unión atribuye al Juez nacional en la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciase sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual (como los intereses moratorios que nos ocupa), sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello”.

Respecto al concepto de cláusula abusiva, en el ámbito del derecho comunitario, la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, define las mismas como aquellas cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual y que causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones que, en caso de figurar, no obligarán al consumidor y el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia.

Ya en el ámbito del derecho nacional, el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, define las cláusulas abusivas como “aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

De esta definición resulta que para que se pueda considerar la cláusula como abusiva se debe examinar:
1. La concurrencia de los requisitos subjetivos, esto es, un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor.
2. La inclusión en el mismo de estipulación no negociada individualmente.
3. Que dicha cláusula, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato o en todo
caso cuando se encuentre en alguno de los supuestos expresamente enumerados en los artículos 85 a 91 del mencionado Texto Refundido.

En cuanto al primer requisito, el propio texto refundido ofrece un concepto legal de consumidor en el artículo 3 y de empresario en su artículo 4.

Por consumidor, según el artículo referido, debe entenderse las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Se considera que una cláusula no ha sido negociada individualmente, según el artículo 3.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, ”cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.

De acuerdo con el artículo 82, apartado 2 párrafo segundo del Texto Refundido citado: “El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba”.

Finalmente nos referimos al tercer requisito exigido, es decir, que dicha cláusula, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Este control del contenido de la cláusula cuestionada debe examinarse atendiendo en primer lugar al propio Texto Refundido, que en sus artículos 85 al 91 contiene una enumeración de cláusulas que en todo caso se consideran abusivas.

Concretamente el artículo 85.6 del citado Texto Refundido determina que son cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario “La cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones”.

La cuestión está en determinar que debe entenderse por indemnización desproporcionadamente alta.

Parámetros para apreciar que la indemnización es desproporcionadamente alta

Para ello, ha de estarse de modo preferente a la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, momento de la celebración, circunstancias concurrentes y demás cláusulas contractuales, según señala el art. 4 núm. 1 de la Directiva comunitaria 93/13/CEE del Consejo, de 5-4-1993 , y ha quedado reflejado en el Artículo 82.3 del TR.(El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa).

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 refiere que en esta materia el juez deberá comprobar en particular, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.

Pues bien, teniendo en cuenta las anteriores normas y la jurisprudencia invocada, resulta, que podemos considerar 4 parámetros para determinar si la cláusula de interés moratorio es o no abusiva, tal y como refierela SAP de Baleares
de 26 de marzo de 2013 (criterio que recoge la SAP de Alicante de fecha 19/04/2013):

a) “A la hora de concretar en un determinado porcentaje el carácter abusivo del tipo pactado ha de tenerse en cuenta si la operación cuenta o no con garantías y, en concreto, con garantía hipotecaria, dado que ésta hace disminuir el riesgo de impago, lo que ha de tener una repercusión en los tipos de intereses que, lógicamente, han se ser más bajos que si dicha garantía real no existiese. La exposición de motivos de la Ley Hipotecaria de 1861 menciona expresamente que ese efecto de moderar los intereses es el que se espera de la generalización de la hipoteca”.

b) “Otro parámetro a tener en cuenta es la relación entre el interés remuneratorio y el de demora. En efecto, si el interés remuneratorio es la contraprestación por la puesta a disposición del prestatario de una determinada suma de dinero, y el de demora es la indemnización por incumplimiento de la obligación de devolverlo, ha de existir una cierta proporción entre uno y otro dado que ambos parten de una base común: el coste para la prestamista de no disponer de la cantidad de dinero cedida al prestatario. Dicho coste no puede ser muy distinto tanto si nos hallamos en período de cumplimiento contractual (interés remuneratorio) como en período de incumplimiento (interés de demora) radicando la diferencia entre una y otra fase en que en ésta última, es decir, en la que transcurre
después del incumplimiento, se ha puesto en evidencia un mayor riesgo de frustración del fin del contrato”.

c) “Tampoco pueden olvidarse otras referencias, como son el tipo de interés interbancario, el interés legal del dinero o el Euribor, dado que dichos índices son reveladores del coste que hubiese acarreado para la entidad crediticia reponer la cantidad puesta a disposición del deudor y que éste no ha devuelto”.

Debemos precisar que de acuerdo con la referida sentencia del TJCE, es precisamente el interés legal el que sería de aplicación para el caso de mora del deudor de no haberse pactado nada sobre este extremo, tal y como resulta del
artículo 1108 del C.C.

A ello debe añadirse que, respecto de los objetivos perseguidos con la fijación de intereses moratorios, cuando se ha ejercitado por la ejecutante la posibilidad de vencimiento anticipado del préstamo suscrito entre las partes, se deben distinguir dos fases:

a.- los impuestos sobre las cuotas vencidas e impagadas constante el contrato que, en sí, aunque indemnizan estimulan al cumplimiento,

b.- la imposición de intereses moratorios respecto total de la cantidad prestada que quede por amortizar una vez usada la facultad de vencer anticipadamente el préstamo, que no estimulan nada, sino que además de indemnizar al acreedor, penalizan al consumidor, en la mayoría de los casos de forma desproporcionada e injustificada. Pues desde luego resulta improbable que el consumidor pueda devolver de inmediato toda la cantidad prestada y en origen aplazada, en el concreto momento en que el acreedor unilateralmente ha decidido dar por vencido anticipadamente el préstamo.

Por otro lado, referir que en nuestra legislación se contemplan algunas referencias a límites que en esta materia procede tener en cuenta.

– la Ley de Crédito al Consumo, en su artículo 19, apartado 4, establece “En ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de
interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero”.

– La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y aplicable a los pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración, también establece un límite de los que considera como cláusulas abusivas en esta materia.

Así , en su Art. 9 considera como tales, las pactadas entre las partes sobre las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7, que lo fija en el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales.

– El interés de demora en caso de impago de títulos cambiarios, a tenor del artículo 58 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, se corresponde con una tasa resultante de incrementar en dos puntos el interés legal
del dinero.

-Finalmente la Ley 1/2013, modifica el art. 114 de la L.H y fija que, para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses moratorios que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero.

Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses.

Se debe precisar que debemos distinguir el concepto de intereses abusivos de la limitación legal que se fija en dicho precepto, pues, aún dentro de su ámbito de aplicación, para concluir que los intereses son abusivos deben examinarse todos los parámetros referidos y no sólo dicho límite legal.

Obviamente las consecuencias de apreciar el interés como abusivo o contrario al precepto trascrito son diferentes pues en el primer caso, como luego examinaremos, la cláusula es nula y sólo resultarán procedentes los intereses
legales, mientras que en el segundo de los casos deberemos acudir a la Disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social conforme a la cuál:

“La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual prevista en el artículo 3 apartado Dos será de aplicación a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses moratorios previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.

En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.»

d) “Finalmente, un parámetro orientativo ha de ser, aunque solo sea por imperativo del principio de igualdad en la aplicación de la ley( artículo 14 de la Constitución Española), el criterio de los tribunales en la apreciación del carácter abusivo de un determinado porcentaje de tipos de interés”.

Consecuencias de la declaración de abusividad de la cláusula.

Se considera que la consecuencia de la declaración de abusividad de las clausulas de intereses moratorios es debe ser dejarla sin aplicación frente al consumidor, sin facultad para modificar su contenido, como resulta de:

– El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 que prescribe que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor.

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2012 (asunto C-618/2010) establece que el Juez nacional no puede modificar el contenido de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor: está obligado únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor , sin estar facultado para modificar el contenido de la misma.

– El propio artículo 83.1 del Texto Refundido establece, con carácter general, que “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas”.

De este modo, la cláusula es nula, se elimina y se tiene por no puesta. Declarada la nulidad de la cláusula de intereses de demora, de conformidad con la Sentencia de 27 de septiembre de 2017 AP de Valencia, Sección Novena, procede aplicar los intereses remuneratorios, “La STS de 3 de junio de 2016 (ROJ: STS 2401/2016 ) hace un compendio de la jurisprudencia recaída respecto la declaración de nulidad por abusividad de la clausula de intereses moratorios, y procede a fijar las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula, acordando: “En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses de demora por su carácter abusivo, son los mismos que respecto de los préstamos personales establecimos en la Sentencia 265/2015, de 22 de abril , tal y como declaramos en las sentencias 705/2015, de 23 de diciembre , y 79/2016, de 18 de febrero.

Como razonamos en la sentencia 265/2015, de 22 de abril , el interés de demora consiste en la adición de un porcentaje adicional sobre el interés remuneratorio. La nulidad de la cláusula abusiva, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, contenida en la sentencia de 14 de junio de 2012 (caso Banesto ), y reiterada por el auto de 17 de marzo de 2016 (caso Ibercaja), no da lugar a una «reducción conservadora» del incremento del tipo de interés que supone la cláusula de interés de demora considerada abusiva hasta el límite admisible, sino su eliminación total.

Pero eso no supone suprimir el devengo del interés ordinario, que retribuye o compensa que el prestatario disponga del dinero. Lo que se anula y suprime completamente es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso en la amortización del préstamo (el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio), pero no el interés remuneratorio, que no estaba aquejado de abusividad y que seguía cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución. Así concluimos
en la reseñada sentencia 265/2015, de 22 de abril:

«Por consiguiente […], la consecuencia de la apreciación de la abusividad del interés de demora no debe ser […] la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha dado en llamar “reducción conservadora de la validez”), pero tampoco el cese en el devengo de cualquier interés, ni la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal. Es, simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada».

Por lo tanto en este caso, la consecuencia lógica es que la liquidación de intereses debía haberse realizado conforme al interés remuneratorio pactado, vigente en el momento de su devengo.

Intereses moratorios abusivos

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La sustitución entre abogados se muestra así como una herramienta fundamental para la adecuada organización del trabajo de los abogados, permitiéndoles priorizar unos asuntos sobre otros y organizar la tarea a desarrollar dentro del bufete.

Abogado sustituto

Las sustituciones de abogados siempre se han realizado de forma rudimentaria entre los letrados amigos como favor. Sin embargo, hoy disponemos del servicio organizado por Sustituciones.com en el que se pone en contacto al abogado sustituto con el abogado que necesita la sustitución por un precio fijo y determinado previamente en función de la actuación a realizar.

Conoce los servicios de Sustituciones.com

Ahora cualquier abogado puede atender llamamientos coincidentes para el mismo día en diferentes juzgados o actuar en partidos judiciales distantes sin perder tiempo y reduciendo costes.

Sustituciones de abogados en Madrid y Barcelona

El derecho a designar un abogado sustituto en el procedimiento tiene verdadero carácter procesal según lo declarado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 17/2011, de 28 de febrero de 2011. En la misma, el alto Tribunal conocía del recurso presentado por no haberse admitido la sustitución en la vista de un procedimiento contencioso administrativo, habiendo tenido a la parte como desistida por no figurar la abogada sustituta en el poder notarial de representación que constaba en autos, entendiendo por ello el juez de instancia que no podía intervenir en el procedimiento.

TC viene a emplear el Estatuto General de la Abogacía como auténtica norma procesal, con la cita expresa del artículo 38.2 del Estatuto, al indicar que a todo lo anterior se añade la previsión de “el derecho de sustitución letrada como una facultad especialmente conferida a los Abogados para el desarrollo adecuado de su actividad profesional“.

Abogado en sustitución procesal

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De este modo, con la entrada en vigor de esta Ley el pasado 1 de enero de 2016, el Tribunal Supremo ha ratificado la aplicación analógica que ya venía siendo empleada por Audiencias y Tribunales de toda España.

¿Es extensible la aplicación del nuevo baremo de accidentes de circulación de vehículos a motor a otros sectores?

En concreto, el Alto Tribunal concluye que el nuevo baremo de accidentes es de carácter orientativo y en ningún caso es preceptiva su aplicación. En este sentido, sentencias posteriores a la entrada en vigor de esta Ley como son la de 2 de marzo de 2016 de la Sala Cuarta, al resolver sobre la procedencia de la indemnización exigida por un trabajador por las lesiones y secuelas sufridas en el desempeño de su actividad laboral, afirma que “el juez de lo social puede usar uno u otro “Baremo”, apartarse de las normas del mismo y moverse con libertad de criterio, siempre que justifique las razones de su decisión final”.

Por tanto, parece ser que, una vez más, será el tiempo el que nos revele si los tribunales españoles se “acomodan” en la aplicación del nuevo Baremo o si, al contrario, lo utilizan de forma orientativa.

Artículo escrito por:

Constanza Arqued, especialista Seguros Responsabilidad Civil en Adartia Correduría Seguros

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El art. 243.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los actos de las partes que carezcan de los requisitos exigidos por la Ley serán subsanables en los casos, condiciones y plazos previstos en las leyes procesales”; y entre ellos figuran los indicados en los antecedentes de esta resolución, requisitos no cumplimentados por el solicitante. Y el artículo 231 de la vigente LEC dispone que “el tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley”.

En consecuencia, y entendiéndose tal omisión como subsanable al amparo del art. 243, LOPJ, debe ser requerido el demandante para ello, el día y hora señalados y bajo apercibimiento de inadmisión. Una vez requerida la subsanación, si no atiende ni subsana tal omisión, con lo cual la anterior deficiencia procesal deviene firme por los propios actos del demandante, así como por los principios de justicia rogada; y en atención a la seguridad jurídica procederá inadmitir la demanda, dado que la actuación del Juzgado no puede suplir las omisiones voluntarias de la parte, debiendo a ésta únicamente repercutir los perjuicios de su actuación.

Este es también el criterio del Tribunal Supremo en supuestos similares relativos a la personación ante ese Tribunal, sirviendo de ejemplo las siguientes resoluciones: ATS de 6 de abril de 2010, Pte: Roca Trías; ATS de 27 de abril de 2010, Pte: Xiol Rius: “la personación, previo apoderamiento apud acta, como manifestaba en el mencionado escrito, y aceptación del poder, debe efectuarse explícitamente y por escrito, según resulta de los artículos 23.1 y 26.1 de la LEC 2000 , y dentro del plazo concedido al efecto”; ATS de 29 de junio de 2010, Pte: Marín Castán; o ATS de 13 de julio de 2010, Pte: Roca Trías: “el recurrente no ha subsanado en el referido plazo la acreditación de la representación procesal mediante la presentación de la escritura de poder acreditativa de la representación del Procurador … o mediante la correspondiente comparecencia apud acta, conforme ordena el art. 24.1, LEC y a cuyo efecto fue requerido por diligencia de ordenación de fecha …, con expreso apercibimiento de declararse desierto el recurso”.

Téngase en cuenta, y con ello se explica porque no se concede nuevo plazo, que, primero, como norma general, los plazos son improrrogables; y segundo, los demandantes tienen las carga de formular correctamente la demanda cumpliendo con los requisitos procesales que la misma exige y tienen para ello todo el tiempo que consideren conveniente –salvo excepciones derivadas de la existencia de plazos de caducidad, por lo general muy breves-, de ahí que después de concedido el plazo no proceda conceder nuevo plazo para efectuar la subsanación, pues ya se le dio esa posibilidad, la de subsanar, en lugar de inadmitir directamente la demanda.

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Procurador Salamanca

Procurador Amigo reúne un equipo de Procuradores en Salamanca con amplia experiencia en la tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales tanto en materia civil, mercantil, administrativa como en penal y social. El grupo de procuradores de Procurador Amigo actúa ante los Juzgados de Salamanca, ante la Audiencia Provincial. También podemos continuar la tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con nuestros compañeros procuradores de Valladolid.

Procurador Amigo ofrecemos:

• Envío de comunicaciones en las 24 horas siguientes a su traslado, para que el Abogado esté siempre al tanto de todo lo que sucede en el procedimiento tramitado por nuestros Procuradores Salamanca.
• Aviso de plazos y vencimientos para que el letrado pueda organizar cómodamente su trabajo.
• Preparación de escritos de trámite, siempre bajo el visto bueno del abogado. Para que el abogado se centre en aportar valor al cliente.
• Nos ajustamos a sus necesidades, solicitamos información e impulsamos el procedimiento.

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Procuradores Barcelona

Procurador Amigo reúne un equipo de Procuradores en Barcelona con amplia experiencia en la tramitación de todo tipo de procedimientos judiciales tanto en materia civil, mercantil, administrativa como en penal y social. El grupo de procuradores de Procurador Amigo actúa ante los Juzgados de Barcelona, ante la Audiencia Provincial y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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• Nos ajustamos a sus necesidades, solicitamos información e impulsamos el procedimiento.

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Procuradores Torrent

Procurador Amigo reune a Procuradores en Torrent, con pleno conocimiento del funcionamiento de los juzgados de primera instancia e instrucción de Torrent, en la provincia de Valencia.

El partido judicial de Torrent tiene jurisdicción sobre los siguientes municipios:
Alaquàs, Aldaia, Paiporta, Picanya y Torrent.

El equipo de Procurador Amigo actúa ante los Juzgados de Torrent. Además también continúa la tramitación de los asuntos ante la Audiencia Provincial de Valencia en caso de recurso y, si fuera necesario, llegando al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Procurador Amigo ofrecemos:

• Preparación de escritos de mero trámite, bajo la dirección del Abogado que dirige el proceso.
• Aviso de vencimientos y plazos.
• Comunicaciones son enviadas telemáticamente al letrado en las 24 horas siguientes a su traslado, para que esté puntualmente informado de la marcha del proceso.
• Nos ajustamos a sus necesidades, solicitamos información e impulsamos el procedimiento.

Procurador Amigo presta su labor de soporte sobre todas las actuaciones procesales, acompañando de un modo real al abogado durante todo el desarrollo del procedimiento. El equipo de procuradores de Procurador Amigo intenta evitar cualquier las pérdida de tiempo que pueda sufrir el letrado durante la tramitación de la actuación procesal. De esta forma el abogado que trabaja con nuestros procuradores de Torrent puede limitarse a la labor de dirección letrada del proceso.

Procurador Torrent

Procurador Amigo trabajamos para los letrados que desean evitar distracciones en el desarrollo de su importante trabajo de dirección y prefieren centrarse en el estudio del caso y atención al cliente. Además, respecto de todos los abogados de cualquier zona del estado que tramitan procedimientos en Torrent en defensa de los intereses de sus clientes, les orientamos sobre las prácticas de cada Juzgado y les servimos de soporte para simplificar actuación.

Procurador Amigo rige sus honorarios por el baremo aplicable a todos los procuradores.

Puede contar con nuestro equipo de procuradores Torrent llamando a nuestros números de teléfono 96 381 56 71 o 902 11 00 88 o si lo prefiere utilice nuestro formulario de contacto.

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96-381-56-71 o 902-11-00-88

Procuradores Paterna

Procurador Amigo reúne a Procuradores en Paterna, con pleno conocimiento del funcionamiento de los juzgados de primera instancia e instrucción de Paterna.

El partido judicial de Paterna tiene jurisdicción sobre los siguientes municipios:
Burjassot, Godella, Paterna y San Antonio de Benagéber.

El equipo de Procurador Amigo actúa ante los Juzgados de Paterna, ante la Audiencia Provincial de Valencia y, si fuera necesario, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Procurador Amigo presta su labor de soporte sobre todas las actuaciones procesales, acompañando de un modo real al abogado durante todo el desarrollo del procedimiento intentando minimizar las pérdidas de tiempo que sufre el letrado por el seguimiento de la actuación procesal y limitándose a la labor de dirección letrada del proceso.

Procurador Amigo ofrecemos:

• Preparación de escritos de mero trámite, bajo la dirección del Abogado que dirige el proceso.
• Aviso de vencimientos y plazos.
• Comunicaciones son enviadas telemáticamente al letrado en las 24 horas siguientes a su traslado, para que esté puntualmente informado de la marcha del proceso.
• Nos ajustamos a sus necesidades, solicitamos información e impulsamos el procedimiento.

Procurador Paterna

Procurador Amigo resulta especialmente indicado para los letrados que desean evitar distracciones en el desarrollo de su importante trabajo de dirección y prefieren centrarse en el estudio del caso y atención al cliente. Además, respecto de todos los abogados de cualquier zona del estado que tramitan procedimientos en Paterna en defensa de los intereses de sus clientes, les orientamos sobre las prácticas de cada Juzgado y les servimos de soporte para simplificar actuación.

Procurador Amigo rige sus honorarios por el baremo aplicable a todos los procuradores.

Puede contar con nuestro equipo de procuradores Paterna llamando a nuestros números de teléfono 96 381 56 71 o 902 11 00 88 o si lo prefiere utilice nuestro formulario de contacto.

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